La Contraloría General de la República (CGR), ordenó al municipio de Colina, la disolución inmediata de la Corporación Municipal Urbana, la que tenía por objetivo, realizar mejoras viales en la comuna y en específico en un punto del sector sur de Colina.
La Corporación de Desarrollo Urbano, se creó el 30 de octubre del año 2018 en la ex administración del ex alcalde Mario Olavarría Rodríguez, actual candidato a alcalde por Lampa. Dicha Corporación tenía por finalidad el fomento de obras de desarrollo comunal y en específico, encontrar una solución vial al problema que en esa época existía en la rotonda de Piedra Roja para lo cual, se efectuaron aportes por UF 132.000 por dos privados (inmobiliarias), existiendo sólo un aporte Municipal por la suma de UF 9.000, los aportes sumarian un total superior a los 2 mil millones de pesos.
La CGR y la Corte, señalaron que este tipo de corporaciones no se pueden realizar, ya que no forman parte de facultades que tiene un municipio, en este sentido, la actual administración municipal de la Alcaldesa Isabel Valenzuela, ha recurrido a diversas instancias, para frenar y evitar entregar información de que ocurrió con los fondos de la Corporación Urbana, lo que ha generado un manto de duda y pone en tela de juicio, las trabas que el municipio pone para intentar esclarecer, ¿qué ocurrió con los dineros y cómo se gastaron?
Un informe del Consejo para la Transparencia (CPLT) en octubre del año 2022, acogió un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa y le exigió a la alcaldesa Isabel Valenzuela Ahumada, publicar de forma completa y actualizada a efectos de mantener permanentemente a disposición del público la información (“Entidades en que el organismo tiene participación, representación e intervención”, “Transferencia de fondos públicos” y “Presupuesto asignado y su ejecución”), conforme lo precisa el artículo 7° de la Ley de Transparencia, el artículo 51 de su Reglamento y la Instrucción General N° 11 del Consejo. En aquel entonces, se le dio un plazo de 10 días hábiles para entregar a la comunidad estos antecedentes a la administración de la alcaldesa Valenzuela, algo que hasta el día de hoy no ocurre.
Es importante señalar que en año 2022, la corporación de Desarrollo Urbano ya no contaba con fondos, por lo que se argumentó que al encontrarse sin dineros y en estado de disolución, no tendría sentido crear una plataforma para informar los movimientos de esta. Pero Transparencia fue clara e informó que se encuentran aún vigentes, en tanto no estén jurídicamente disueltas, deben cumplir con sus obligaciones que la citada ley les impone, Por ende, al estar “en proceso” de disolución, la Corporación mantiene sus obligaciones legales, como la de Transparencia Activa, y desde luego, deben cumplirse a cabalidad.
¿Qué hay de nuevo en este caso?
La CGR se pronunció frente a este caso y ordenó a la administración de la Alcaldesa Valenzuela, la disolución inmediata de la Corporación Urbana por graves irregularidades y no ajustarse a derecho. Ya que la Corporación antes mencionada, asume facultades que no son propias de los municipios, es más, CGR explicó que según legislación vigente, esto aplica a todos los municipios del país. Las únicas corporaciones que aplican de acuerdo a la ley son las corporaciones de Cultura, Artes y Deportes, por lo que está Corporación no se encuentra dentro del marco legal ,puntualizan, es por ello que se dio un plazo de 30 días hábiles para la disolución de esta última y transparentar lo que ocurrió en esta. CGR pidió además aclarar la compatibilidad de cargos, ya que el secretario de la Corporación Urbana, es también Gerente de la Inmobiliaria Manquehue.
Una de las personas que a solicitado información desde hace años y se transparenten los gastos de esta Corporación, es la actual Concejal Alejandra Lantadilla Budinich (Evópoli), quien en diferentes concejos municipales se ha podido ver, llevando a cabo una de las labores más importantes de una concejalía, “la fiscalización del buen uso de los recursos”. En este contexto la Concejal, manifestó a través de su redes sociales: “estoy pidiendo información en reiteradas ocasiones y auditorías respecto al cierre de la Corporación de Desarrollo Urbano, además de actas de funcionamiento, gastos, etc. Nunca se nos ha entregado nada (..) Sigue sin aclararse a quiénes pagaron, a qué empresas contrataron, qué obras ejecutó la Corporación. De hecho, las empresas inmobiliarias, socias en la Corporación acordaron transferirles 61.000 UF (2 mil millones), la Municipalidad puso 9.000 UF y sobre esos dineros nadie sabe a dónde fueron a parar”.
La fundación, América Transparente, jugó un rol importante rol en investigar las presuntas irregularidades de la cuestionada Corporación Municipal de Urbana de Colina.
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