Según reportes, los cuerpos pertenecían a Junior y Klivert, dos jóvenes venezolanos que colaboraban con la fiscalía como testigos protegidos en una investigación relacionada con el crimen organizado. Vecinos del área comentaron a T13 que los asesinatos ocurrieron rápidamente, con disparos que dejaron a las víctimas sin posibilidad de escape.
La jefa de la División de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, Alicia Díaz, explicó que, por la confidencialidad de estos casos, no se pueden revelar detalles sobre las medidas de protección específicas aplicadas ni sobre cómo se comprometió su seguridad.
«No estamos haciendo comentarios al respecto porque podríamos violar la confidencialidad», afirmó.
Díaz destacó que el año pasado más de 13,000 testigos recibieron protección, y ninguno falleció durante el proceso penal.
El presupuesto anual del Ministerio Público destina aproximadamente 5,500 millones de pesos a la protección de víctimas y testigos.
En 2023, más de 13,000 testigos fueron protegidos por el Estado, con un promedio de 420,000 pesos por persona, un monto que podría no ser suficiente para implementar medidas como la reubicación de testigos y sus familias.
